Regencia de María Cristina (1833-1840). A la muerte de
Fernando VII, en 1833, Isabel II fue la nueva reina, aunque por la minoría de
edad se inició su reinado con una etapa de regencia dirigida por su madre María
Cristina. Ese mismo año estalló la 1ª Guerra Carlista, prolongándose hasta
1840, en la que se enfrentaron los tradicionalistas antiliberales o carlistas
(la mayoría del pueblo, la aristocracia y el ejército absolutista, junto con el
respaldo de la Iglesia, Austria, Prusia y Rusia) que reclamaban el trono para
Carlos Mª Isidro -denominado Carlos V-, contra los liberales o isabelinos que
aceptaban la legitimidad vigente de Isabel II (burguesía liberal, ejército
liberal, Portugal, Francia e Inglaterra –Cuádruple Alianza-) Los carlistas
consiguieron imponer su dominio en las Vascongadas, Navarra, Aragón y Cataluña,
e iniciaron una campaña para tomar Madrid que fracasó por distensiones internas
entre los mandos militares. El general carlista Maroto se rindió y firmó la paz
mediante el abrazo de Vergara con el general liberal Espartero, quien prometió
la inserción de los militares carlistas en el ejército oficial y la negociación
sobre el mantenimiento de los fueros. En esta primera guerra carlista, al igual
que las dos siguientes, lo que se discutía en realidad era la transformación o
no de España en un estado liberal; la discusión sobre la legitimidad de Carlos
V e Isabel II era secundaria.
El primer gobierno de la Regencia fue dirigido por
el déspota ilustrado Cea Bermúdez. En 1834 Martínez de la Rosa consiguió que
María Cristina promulgase su Estatuto Real, carta otorgada caracterizada por la
existencia de un poder legislativo que residía en el rey y en dos cámaras (la
superior, cerrada y predominante, formada por nobles y la alta burguesía; y la
de los comunes, elegida por sufragio censitario) y en la capacidad de
iniciativa legislativa del Rey.
Desde el gobierno se lleva a cabo una política
anticlerical (expulsión de los jesuitas y suspensión de los conventos de menos
de 12 miembros en 1835), que anima a las masas urbanas liberales a la quema de
conventos y matanza de frailes con total impunidad (1834 y 1835) En medio de
este caos, los obreros urbanos de Barcelona el 5 de agosto de 1835 aprovecharon
la ocasión decretando la 1ª Huelga General de España, con la intención paralela
de evitar una dura represión gubernamental.
Enemigo de la Iglesia Católica como cualquier buen
liberal, el ministro Juan Álvarez Mendizábal en 1836 llevó a cabo una política
desamortizadora para paliar la crisis de la Hacienda española: expropió (robó)
bienes de la Iglesia y los vendió a fin
de conseguir ingresos para el Estado. Sin embargo, no consiguió su propósito
porque al salir a la venta una gran cantidad de bienes y existir muy pocos
compradores (sólo los burgueses liberales adinerados), fueron comprados a muy
bajo precio. Además, esta postura molestó enormemente al bando carlista,
radicalizándose así la lucha en la 1ª Guerra Carlista. Tampoco logró Mendizábal
el propósito de que la riqueza de la tierra quedara más repartida entre los
españoles mediante la desamortización, pues los únicos que podían comprar
tierras eran los que tenían dinero, es decir, los burgueses capitalistas, no el
pueblo.
La
Regente se decantó hacia el liberalismo moderado, cosa que no fue bien admitida
por los políticos liberales progresistas. En 1836 un grupo de militares
progresistas tomaron el Palacio de la Granja y presionaron a la Regente para
que aceptase un gobierno progresista. Ésta así lo hizo. Se discutió entonces la
promulgación de una nueva Constitución que acabó siendo de carácter moderado en
1837: sistema bicameral, el Rey nombraba y deponía a los ministros, pérdida de
iniciativa legislativa del Rey, el sufragio sería directo y censitario para el
Congreso e indirecto y censitario también para el Senado, el Estado no se
declaraba confesional y se imponía la Ley Municipal (elevar el nivel de renta
necesario para votar y ser elegidos para así eliminar a los progresistas que
eran la burguesía media)
